El crimen organizado ha estado utilizando la tecnología financiera para cometer extorsión en México. Estos grupos criminales usan más de dos cuentas bancarias de reciente apertura, tarjetas de débito y prepago de telefonía celular para el cobro telefónico, el cambio frecuente de tarjetas de débito y el retiro inmediato de recursos en efectivo. A pesar de los esfuerzos del sistema financiero para cumplir las reglas antilavado y detectar operaciones ilícitas, las instituciones financieras han reportado a 3 mil 752 personas por el delito de extorsión entre 2018 y 2021. Estas personas son presuntas integrantes de seis organizaciones criminales: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Sinaloa, la Familia Michoacana, la Unión Tepito, los colombianos y la mafia rumana.
El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, explica que estos grupos criminales hacen uso indebido del nombre de dependencias públicas para la extorsión. Han sido detectados mensajes apócrifos que suplantan la identidad del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y otras secretarías gubernamentales. Entre 2018 y 2021, los casos de extorsión aumentaron de 24 mil a 36 mil, convirtiéndose en uno de los delitos que más ha crecido junto con los fraudes cibernéticos, la pornografía infantil y la violencia familiar, resultado del aislamiento por la pandemia de Covid-19.
Nieto Castillo habla de los métodos que se han empleado para cometer extorsión, como el uso de tarjetas clonadas por parte de los colombianos y la mafia rumana en Quintana Roo para extorsionar a trabajadores de la construcción por el pago de protección. También menciona el caso de la extorsión y secuestro de integrantes de la Secretaría de Marina en noviembre de 2021, relacionado con el modelo criminal vinculado con hoteles y comercios en la Ciudad de México.
El procurador general de justicia de Hidalgo también explica que han habido casos de extorsión por publicación de contenido íntimo y por suplantación de autoridad. Incluso se han vinculado casos de extorsión con amenazas y contratos de personas. Actualmente, hay extorsión directa como derecho de piso y sexting, y extorsión indirecta o virtual por grupos de delincuencia organizada, como la modalidad de hotel (secuestro exprés), vía WhatsApp y mecanismos de engaños telefónicos.
Santiago Nieto Castillo considera que el tipo penal actual no ayuda a abarcar todas las modalidades de extorsión, como la relación indirecta con el huachicol y las empresas vinculadas con este ilícito. Esto hace necesario una ley general para homologar la extorsión no solo como tipo penal, sino también en las sanciones y la autonomía de gobiernos estatales. Sin embargo, considera que las iniciativas que existen en el Congreso sobre extorsión están cargadas de populismo penal y que deben enfocarse en la eficacia en la percepción de los delitos, las medidas de prevención y la investigación y persecución de los delitos de extorsión.
En resumen, Santiago Nieto Castillo propone la necesidad de una ley general de extorsión que homologue el tipo penal y las sanciones en todo el país, además de fortalecer la autonomía de los gobiernos estatales en este ámbito. Al mismo tiempo, considera que las iniciativas actuales en el Congreso deben enfocarse en medidas efectivas para prevenir, investigar y perseguir los delitos de extorsión, en lugar de centrarse en el populismo penal.