Una generación completa de jóvenes se encuentra excluida del mercado de créditos a la vivienda y de la renta a precios asequibles.

En México, hay alrededor de 950,000 familias que desean tener un crédito hipotecario, pero no pueden obtenerlo, y esto equivale a la cantidad total de familias en Baja California. Contrario a lo que se podría pensar, aquellos que no pueden adquirir una casa no son personas pobres, desempleadas o con bajo nivel educativo, sino trabajadores jóvenes con alto nivel educativo. De hecho, el 61% de las personas que no pueden crear un patrimonio tienen licenciatura o preparatoria terminada, y el 73% está empleado. Esta exclusión patrimonial que sufre la generación de los millennials y las que les siguen no es normal, y en este ensayo se busca desafiar la idea común de que no hay solución. Se afirma que la vivienda debe ser considerada un derecho y no un privilegio, y se propone una serie de políticas públicas que podrían acercarnos a este objetivo.

La falta de acceso a la vivienda ha generado tendencias xenófobas en México, donde se culpa a “los extranjeros” por la crisis de vivienda y los altos precios de alquiler. Sin embargo, la política de vivienda en México es la verdadera culpable. Durante toda la vida productiva de los millennials, el objetivo del gobierno ha sido apoyar el crecimiento de la industria inmobiliaria, asumiendo que ello aseguraría el acceso a la vivienda. Sin embargo, esto no ha sido así. El gobierno confundió la política de vivienda con la política inmobiliaria, y hasta hace unos años, la “política de vivienda” consistía en apoyar la construcción de viviendas en masa, independientemente de su ubicación o acceso a servicios.

Esta política ha tenido como principal víctima a las generaciones más jóvenes, que se han visto obligadas a pagar absurdas cantidades de dinero por comprar o alquilar una vivienda con servicios. Por ejemplo, el precio promedio de una vivienda en Ciudad de México es de 2.5 millones, y en Querétaro es de 1.1 millones, lo que significa que se necesitan ingresos mensuales comprobables de 50,000 pesos para comprarlas. Además, la falta de competencia en la banca ha creado un ambiente donde pululan los requisitos inalcanzables y las altas tasas en los créditos hipotecarios. Para resolver este problema, se requiere una revolución en el acceso a la vivienda. Se deben orquestar políticas públicas que se enfoquen en la creación de viviendas adecuadas y accesibles con servicios y transporte, así como en la reducción de los requisitos y tasas de interés de los créditos hipotecarios. También es necesario promover la competencia en la banca y explorar nuevas formas de financiamiento. La vivienda debe ser considerada un derecho, y no un privilegio, y es responsabilidad del gobierno garantizar el acceso a ella para todos los ciudadanos.