Debe repetirse una y otra vez: no hay país desarrollado con 55 por ciento de la población trabajando en la informalidad. Ni uno solo.

En décadas recientes, acaso España tuvo indicadores de informalidad alrededor de 20 por ciento. Pero 55 por ciento es como una epidemia económica. Es un desafío colosal, y ni Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López o cualquiera de la oposición que se alce con el triunfo presidencial en 2024 podrá evitarlo.

Ayer el Inegi reveló que, a diciembre de 2022, 31.8 millones de personas laboraban en la informalidad en el país, es decir, 54.9 por ciento de la población ocupada. La cifra no se ha movido mucho en este sexenio ni en años recientes.

Un informe de la OCDE cita un estudio Leandro Mejía en el que se establece que en las últimas décadas la economía informal se ha abatido en lugares como el sudeste asiático o el norte de África; pero permanece elevada en América Latina y en África Subsahariana. México es de los países con mayor informalidad entre las economías emergentes.

El Inegi también reportó que, en el último año, hubo una disminución de 1.6 por ciento en la tasa de informalidad entre 2021 y 2022, al pasar de 56.5 por ciento a 54.9 por ciento.  Es decir, hay avances.

Esto podría ser resultado del Régimen Simplificado de Confianza, que sumó a muchos contribuyentes, pero que ahora amenaza con endurecerse expulsando a quienes omitan presentar la declaración anual 2022. Pero para este régimen no parece haber un plan en esta administración para dedicar recursos para ampliar dicha base de contribuyentes. De manera que en pocos meses estaremos ante el más grande de los desafíos, y el próximo presidente deberá, primero proponer, y luego instrumentar, la más ambiciosa cruzada contra la informalidad en el país… si desea que México se convierta en un país desarrollado en esta generación. Es una propuesta indispensable que a pocos políticos les gustará hacer.