Conecta con nosotros

Noticias

Revelaciones impactantes: Calderón desvió millones de pesos para pagar a medios

Publicado

el

desvió millones

El gobierno encabezado por Felipe Calderón Hinojosa desvió más de 1,998 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Salud (Ssa) para destinarlos a medios de comunicación y consultorías, según revelan documentos de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitidos entre mayo de 2010 y noviembre de 2012.

Desde el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, las secretarías de la Función Pública y Hacienda investigaban presuntas contrataciones irregulares en el área de salud con medios de comunicación. Estas investigaciones señalaban constantemente a la Dirección General de Comunicación Social de la dependencia, y como resultado de este caso, Carlos Olmos Tomasini, exdirector de Comunicación Social de la Ssa durante ese periodo, se encuentra actualmente en prisión desde diciembre de 2022, acusado de corrupción en contrataciones de publicidad gubernamental, con una presunta responsabilidad en un desfalco de al menos 300 millones de pesos.

En este contexto, resulta llamativo que, en un expediente al que tuvo acceso Contralínea mediante la Ley General de Transparencia, se encontraron cinco acuerdos de asignación de fondos que revelan una relación multimillonaria entre la Secretaría de Salud y medios de comunicación afines al gobierno de Calderón.

Según estos documentos, los recursos públicos fueron solicitados a Hacienda mientras José Ángel Córdova Villalobos y Salomón Chertorivski Woldenberg encabezaban la Ssa. Estos fondos se destinaron a campañas publicitarias y se justificaron como recursos para atender contingencias o gastos urgentes de operación. Cabe mencionar que transferir dinero público de una partida presupuestaria a otra de manera discrecional constituye el delito de peculado, aunque esta práctica fue «legalizada» por el gobierno de Vicente Fox Quesada mediante normativas internas.

Aunque se establece que dichos recursos urgentes deben regularizarse mediante la expedición de una cuenta por liquidar certificada o la devolución de los fondos a la Tesorería de la Federación, en realidad se contabilizaban como sobreejercicios. Según el informe de la Auditoría Superior de la Federación, en el sexenio de Calderón, el dinero no se devolvía a la Hacienda Pública, sino que se contabilizaba como «adecuaciones al presupuesto», lo que implica que las dependencias gastaban más de lo asignado en el Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados. Esto sucedió en el caso de la Secretaría de Salud.

Los acuerdos de ministración de fondos revelados incluyen el pago de 350 millones de pesos para la implementación de estrategias de comunicación social y el fortalecimiento del Seguro Popular, así como otros montos destinados a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. En el año electoral de 2012, se autorizaron tres acuerdos más que sumaron cientos de millones de pesos y se destinaron a la Dirección de Comunicación Social para el pago de servicios de difusión de campañas sobre adicciones, control de enfermedades, igualdad de oportunidades e infraestructura hospitalaria.

Durante el sexenio de Felipe Calderón, el gasto en publicidad gubernamental en medios de comunicación alcanzó los 32 mil millones de pesos, y se detectaron irregularidades en el uso de este presupuesto no solo en la Secretaría de Salud, donde la Secretaría de la Función Pública documentó un sobregiro de 317 millones de pesos, sino también en las secretarías de Desarrollo Social y Turismo.

Además, se descubrió que en 2012, año de las elecciones presidenciales y con una veda electoral establecida de abril a julio, el gobierno de Calderón gastó 6,860 millones de pesos en publicidad en medios electrónicos e impresos. De esa cantidad, la Secretaría de Salud admitió haber ejercido 2,500 millones de pesos, es decir, el 36.44% del total.

Estos hallazgos arrojan luz sobre las prácticas de desvío de fondos y corrupción en el gobierno de Calderón. El caso del desvío de casi 2 mil millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Salud a medios de comunicación es una clara muestra de malversación de fondos públicos y abuso de poder. Asimismo, la implicación de altos funcionarios, como Carlos Olmos Tomasini, exdirector de Comunicación Social de la Ssa, y las menciones de Alejandra Sota y Maximiliano Cortázar, colaboradores cercanos del expresidente Calderón, plantean interrogantes sobre la responsabilidad y conocimiento de las autoridades superiores en estas prácticas ilegales.

La corrupción y el mal uso de recursos públicos son problemas graves que socavan la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales y afectan negativamente el desarrollo y bienestar de la sociedad. Es fundamental que se realicen investigaciones exhaustivas y se tomen medidas para prevenir y castigar estos actos de corrupción, garantizando la transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.

Este caso específico evidencia la importancia de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en el uso de los recursos públicos, así como promover una cultura de integridad y ética en el servicio público. Solo a través de una gestión transparente y responsable se podrá restablecer la confianza de la ciudadanía y garantizar un adecuado uso de los recursos para el beneficio de la sociedad en su conjunto.

Durante el gobierno de Felipe Calderón, se descubrieron sobreejercicios presupuestarios y acuerdos irregulares entre la Secretaría de Comunicación Social y medios de comunicación, lo cual llevó a investigaciones por parte de la Secretaría de la Función Pública. En una entrevista con Contralínea, Carlos Olmos Tomasini, quien era responsable de asignar la publicidad, afirmó que siempre recibía órdenes de la oficina de prensa de la Presidencia de Calderón.

Olmos Tomasini señaló abiertamente a Maximiliano Cortázar (2006-2010) y Alejandra Sota (2010-2012), quienes ocuparon cargos relevantes en Comunicación Social, de ordenar el uso de recursos públicos para pagar a los medios de comunicación. Según él, las instrucciones provenían directamente de la Presidencia de la República y eran enviadas a través de la Secretaría de Gobernación.

Las campañas publicitarias se decidían en la Presidencia por Cortázar o Sota, quienes luego instruían a Gobernación, la cual a su vez daba instrucciones a todas las áreas involucradas. Olmos Tomasini admitió que no existían registros documentales de esas órdenes, ya que eran transmitidas verbalmente. Afirmó que nadie en el área de comunicación tenía evidencia escrita o tarjetas que indicaran la orden proveniente de la Presidencia.

Las investigaciones de la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda se intensificaron después de que Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia y se recibieron presiones por parte de los medios de comunicación para que se les pagara por la publicidad contratada durante el sexenio anterior. En la Secretaría de Salud, hubo contratos pendientes de pago debido a la insuficiencia presupuestal, generando una deuda heredada por la administración actual.

Desde el inicio del gobierno de Peña Nieto, la Secretaría de Hacienda dejó claro que el dinero para esos contratos no fue autorizado ni por el Congreso ni por la secretaría correspondiente. A pesar de esto, Olmos Tomasini afirmó en 2013 que las campañas de salud siempre eran emergentes y no tenían presupuesto asignado. Explicó que se justificaba la necesidad de la campaña ante Hacienda y Gobernación, y luego se obtenía la autorización y el dinero para llevarla a cabo.

Durante el sexenio de Calderón, la publicidad gubernamental se utilizó de manera sesgada, premiando a los medios afines y castigando a los críticos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó la discriminación en los casos de las revistas Contralínea y Proceso, que fueron excluidas sistemáticamente de las asignaciones presupuestarias.

La complicidad entre el gobierno de Calderón y la prensa a través de acuerdos económicos quedó al descubierto en marzo de 2011, cuando numerosos medios de comunicación coordinaron sus criterios editoriales para dejar de informar sobre la violencia en el país. Esta colaboración ocurrió en un momento crítico de la crisis humanitaria causada por la «guerra» contra el narcotráfico, ordenada por Calderón, y contribuyó a violar el derecho humano a la información del pueblo mexicano y el derecho a la verdad de las víctimas. En ese momento, México se sumergía en una situación de violencia sin precedentes, mientras que los medios de comunicación, en complicidad con el gobierno, optaron por silenciar los hechos.

Este acuerdo entre el gobierno y los medios no solo afectó la objetividad y la imparcialidad en la cobertura de la violencia, sino que también generó un ambiente de impunidad. Además, se estableció una estrecha relación entre el gobierno y Genaro García Luna, quien ocupaba el cargo de Secretario de Seguridad Pública y que posteriormente fue detenido en Estados Unidos por su asociación con el crimen organizado.

Es importante resaltar que estas prácticas no solo tuvieron lugar durante el gobierno de Calderón, sino que se arrastraron desde administraciones anteriores. Los sobreejercicios presupuestarios, los acuerdos irregulares y la utilización de la publicidad gubernamental como herramienta de premio y castigo a los medios de comunicación críticos socavaron la libertad de expresión y debilitaron la confianza en las instituciones.

Estos hechos evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la asignación de recursos públicos, así como promover una relación sana y autónoma entre el gobierno y los medios de comunicación. La sociedad civil y los organismos de derechos humanos juegan un papel fundamental en la vigilancia y denuncia de estas prácticas, con el objetivo de garantizar un ejercicio periodístico libre, ético y responsable, y asegurar el derecho de la ciudadanía a estar informada de manera veraz y completa.

Sigue leyendo
Haga clic para comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias

La vacuna fantasma

Publicado

el

cover - vacuna fraude

¿Dónde quedó la Quivax de la UAQ?

Por: D. Ricardo Noguerón Silva

En una democracia, el acceso a la verdad no es un lujo: es un derecho.
Y cuando una institución pública como la Universidad Autónoma de Querétaro —financiada por los contribuyentes— lanza campañas mediáticas, promesas científicas y colectas abiertas al público, la ciudadanía tiene todo el derecho de exigir cuentas.

Durante la pandemia de COVID-19, la UAQ fue celebrada por anunciar su propia vacuna “hecha en Querétaro”, movilizando simpatía, medios y donaciones bajo una narrativa nacionalista y heroica. Pero hoy, cuatro años después, no hay vacuna, no hay resultados, no hay transparencia. Solo excusas.

Lo que queda es una universidad que, más allá de su discurso de autonomía y ciencia, actuó como un barril sin fondo de dinero público, que se tragó millones en proyectos que nunca llegaron a fase clínica. Y como parásito institucional, reclama más presupuesto sin ofrecer resultados concretos ni rendición de cuentas.

Este artículo expone el caso de la vacuna Quivax como símbolo de la opacidad, simulación y cinismo con el que la UAQ opera bajo el escudo de la autonomía universitaria. Porque, aunque ellos no lo digan… la verdad sí importa. Porque el dinero es nuestro.

La promesa - vacuna fraude

1. La promesa: “una vacuna queretana para el mundo”

Durante el pico de la pandemia, la UAQ encontró su oportunidad de redención ante la sociedad queretana: diseñar una vacuna contra el COVID-19 hecha con talento local, desde el Laboratorio de Inmunología y Vacunas (LINVAS). El anuncio fue recibido con aplausos y entrevistas. Pero más allá de los titulares, lo que se vendió fue una promesa de esperanza construida sobre una realidad incompleta.

Pruebas preclínicas “exitosas”

El Dr. Juan Joel Mosqueda Gualito, líder del proyecto Quivax 17.4, aseguró haber completado las pruebas en animales (ratones, conejos, cabras, cerdos) con resultados favorables. Se habló de eficacia, seguridad y potencial para avanzar a pruebas humanas. Lo que no dijeron entonces es que ni siquiera se tenía garantizado el paso a la siguiente fase, ni infraestructura suficiente para validarlo con COFEPRIS.

Protección contra variantes

También se afirmó que la Quivax cubría las variantes más agresivas: Alfa, Beta, Gamma, Delta e incluso Ómicron. La rectora Teresa García Gasca dijo públicamente que los péptidos diseñados estaban “estratégicamente seleccionados” para cubrir estas mutaciones. Una afirmación fuerte… sin respaldo clínico, sin validación independiente y sin verificación de efectividad en humanos.

Fase clínica humana “lista para iniciar”

Desde 2021, la UAQ aseguró que, con el financiamiento adecuado, iniciarían fases clínicas I y II en humanos. Se dieron fechas tentativas y se habló de “estar muy cerca” de entrar al protocolo formal. Pero esas pruebas jamás ocurrieron. Lo más que logró el proyecto fue una serie de reportes técnicos internos y ruedas de prensa llenas de voluntarismo, pero sin documentos de avance ante organismos reguladores.

Una causa noble convertida en colecta

Apelando a la solidaridad ciudadana, la UAQ lanzó el “Vacunatón”, con el objetivo de recaudar recursos que, según decían, serían usados para llevar Quivax a su siguiente fase. La ciudadanía respondió. Empresas, ciudadanos, sindicatos, políticos… todos pusieron. Más de 6 millones de pesos fueron recaudados. Lo que no se dijo entonces —y se supo después— es que la propia universidad estimaba que se necesitaban entre 300 y 400 millones para avanzar realmente a una fase 3. Es decir: desde el principio, sabían que no era viable. Pero igual pidieron.

Fuentes citadas en este apartado:

millones en colectas - vacuna fraude

2. El financiamiento: millones en colectas públicas y fondos federales

La Universidad Autónoma de Querétaro no se quedó con las manos vacías. A través de donativos públicos, recursos internos y apoyo federal, logró juntar millones con el argumento de que su vacuna estaba “a punto” de ser una realidad.

Fondos de la propia UAQ

Desde el inicio del proyecto, la universidad destinó recursos institucionales —presupuesto público estatal y federal— para apoyar el diseño y pruebas preclínicas del prototipo Quivax 17.4. Según sus propios informes, parte del dinero se usó para comprar reactivos, pagar personal técnico y equipar laboratorios.

Pero esos fondos no eran privados, ni donaciones externas. Eran recursos que salen del presupuesto público, es decir: del bolsillo del contribuyente queretano y mexicano.

Apoyo de AMEXID (SRE)

El proyecto también fue beneficiado con una partida de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXID), dependiente de la SRE. Se otorgó como parte del impulso a vacunas mexicanas, pero nunca se aclaró cuánto dinero realmente se asignó ni en qué se gastó con exactitud.

El monto más citado ronda los 3.3 millones de pesos. Lo curioso es que no existe un reporte público, ni del gobierno ni de la UAQ, que muestre cómo se aplicó ese dinero.

El famoso Vacunatón: más de 6 millones de pesos recaudados

Con propaganda emotiva y llamados constantes a la ciudadanía, la UAQ organizó su “Vacunatón”. Y funcionó.

Se recaudaron más de 6.47 millones de pesos, según publicaciones oficiales. Empresas, particulares, sindicatos y hasta políticos se sumaron con donativos.

Pero a la fecha, no se han entregado comprobantes fiscales individuales a todos los donantes, ni existe un desglose completo de cómo se usaron los fondos. Tampoco se sabe en qué cuentas fueron depositados, ni si el Patronato de la UAQ —organismo sin rendición ciudadana— manejó parte del dinero.

¿Financiamiento suficiente? Ellos sabían que no

Lo más grave es esto: la UAQ sabía perfectamente que necesitaba entre 300 y 400 millones de pesos para lograr que su vacuna pasara a fase clínica 3.

Y, aun así, pidieron dinero en colectas sabiendo que lo recaudado jamás sería suficiente.

¿Fue ignorancia? ¿Fue una apuesta desesperada? ¿O fue simplemente una estrategia de marketing institucional con tinte populista?

Fuentes citadas en este apartado:

3. Las excusas: la vacuna no, pero los pretextos sí llegaron a fase final

Cuando la vacuna Quivax dejó de ser viable, la UAQ cambió de tono. Lo que antes eran promesas, se convirtieron en evasivas. Lo que eran declaraciones heroicas, pasaron a ser frases grises y justificatorias. Y en lugar de rendir cuentas, la universidad desplegó una narrativa de víctima institucional. La ciencia quedó en segundo plano; el control del discurso pasó al primer lugar.

“Faltó dinero”

La frase más repetida en entrevistas y comunicados fue simple: “No pudimos avanzar por falta de recursos.” Lo dijeron la exrectora Teresa García Gasca y la actual, Silvia Amaya. Y aunque es cierto que las fases clínicas son caras, la pregunta es: ¿por qué pedir dinero al público si ya sabían que no alcanzaría?

“Terminamos la fase preclínica, hicimos lo que pudimos”

La UAQ presume que completó exitosamente la fase preclínica en modelos animales. Sin embargo, ningún documento científico validado externamente ha sido publicado. No hay artículos indexados, ni revisiones por pares, ni protocolos en COFEPRIS registrados.

Lo único público es un reporte institucional, sin certificación externa. Pero eso sí: sirvió para justificar el cierre del proyecto con la cabeza en alto.

 “Se necesitan cientos de millones para las siguientes fases”

De pronto, la narrativa cambió: la UAQ reveló que para entrar a la fase 3 clínica se necesitaban entre 300 y 400 millones de pesos. Una cantidad evidentemente inalcanzable para una universidad pública.

Entonces… ¿por qué nunca lo dijeron durante el Vacunatón? ¿Por qué movilizaron a miles de personas si sabían que no llegarían ni al 2 % del total necesario?

“Las auditorías demostrarán todo”

En varias entrevistas, la universidad afirmó que habría auditorías, revisiones externas y claridad total sobre los recursos.

Pero a la fecha no se ha publicado una sola auditoría independiente, ni por parte del Patronato, ni por la Rectoría, ni por el Estado. Todo se mantiene como promesa: igual que la vacuna.

La UAQ no rindió cuentas claras. No entregó resultados científicos. No fue honesta con sus limitaciones. Y hoy, en lugar de aceptar responsabilidades, esconde su fracaso tras una cortina de excusas institucionales.

Fuentes citadas en este apartado:

• OEM. Faltó dinero para terminar la vacuna: UAQ. https://oem.com.mx/elsoldemexico/mexico/falto-dinero-para-terminar-la-vacuna-anticovid-quivax-silvia-amaya-rectora-de-la-uaq-13113906

• Reporte Quivax UAQ (2023). https://www.uaq.mx/docs/vacuna_quivax/Reporte_Final_Vacuna_5_dic_2023.pdf

• Milenio. UAQ requiere hasta 400 millones para continuar vacuna. https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/uaq-redisena-vacuna-anticovid-incluir-variantes-preocupacion

• N+ Querétaro. UAQ continúa investigación pese a falta de recursos. https://www.nmas.com.mx/nmas-local/programas/las-noticias-queretaro/videos/la-uaq-continua-investigacion-vacuna-quivax-pese-falta-recursos

4. La opacidad: millones recaudados, cero rendición de cuentas

De todas las promesas rotas del proyecto Quivax, la más grave no es científica, sino ética: la Universidad Autónoma de Querétaro nunca rindió cuentas claras sobre el dinero recibido.

Se pidieron donativos. Se mostraron resultados preliminares. Se apeló a la confianza ciudadana.

Pero al final, la vacuna no llegó… y el dinero tampoco regresó.

Sin comprobantes para todos los donantes

Uno de los reclamos más comunes tras el Vacunatón fue este:

“¿Dónde está mi recibo?”

Numerosas personas reportaron en redes sociales que no recibieron comprobantes fiscales, ni acuse de recibo institucional, ni confirmación bancaria de su aportación.

La UAQ nunca presentó una base pública de donantes, ni transparentó los criterios para emitir comprobantes.

Y al ser una universidad autónoma, no está obligada a entregar cuentas al SAT ni a una entidad externa.

¿En qué cuenta cayó el dinero?

Otra duda fundamental: ¿quién manejó el dinero?

¿La Rectoría?

¿El Patronato?

¿Una cuenta institucional?

¿Una asociación civil?

La universidad nunca especificó qué entidad fue la receptora oficial del dinero, ni quién lo administró, ni qué reglas de fiscalización interna se aplicaron.

Y eso abre la puerta a cualquier mal uso.

El famoso “reporte final” es insuficiente

En diciembre de 2023, la UAQ publicó un “reporte final” del proyecto Quivax.

Ahí se enlistan gastos en equipo, reactivos, infraestructura, entre otros rubros genéricos.

Pero ese documento:

  • No tiene firma de un auditor externo.
  • No incluye facturas, contratos ni cotizaciones.
  • No menciona el total real recaudado por Vacunatón ni su desglose.

En resumen: no es un informe de rendición de cuentas. Es una presentación institucional.

Prometieron auditorías… y no cumplieron

Desde 2021, tanto la entonces rectora Teresa García Gasca como el investigador Mosqueda afirmaron que se permitirían auditorías externas al proyecto.

Pero al día de hoy, ninguna auditoría ha sido publicada.

Tampoco hay evidencia de revisiones por parte de la Secretaría de la Contraloría estatal, ni del Congreso local, ni de la Federación.

Autonomía sí tienen. Transparencia, no.

No se trata solo de una vacuna que nunca se aplicó. Se trata de millones de pesos públicos y privados recaudados bajo la promesa de un avance científico.

Sin transparencia, sin resultados y sin consecuencias.

Fuentes citadas en este apartado:

UAQ. Reporte Final Proyecto Quivax 17.4 (2023)

https://www.uaq.mx/docs/vacuna_quivax/Reporte_Final_Vacuna_5_dic_2023.pdf

Facebook Oficial UAQ. Vacunatón resultados

https://www.facebook.com/uaq.mx/posts/10158051490579849

N+ Querétaro. UAQ continúa investigación pese a falta de recursos

https://www.nmas.com.mx/nmas-local/programas/las-noticias-queretaro/videos/la-uaq-continua-investigacion-vacuna-quivax-pese-falta-recursos

la pregunta incómoda - vacuna fraude

5. La pregunta incómoda: ¿fraude académico disfrazado de ciencia?

Las causas éticas detrás del fracaso de Quivax ya no son excusas: rozan lo legal. Frente a una colecta pública sin respaldo clínico ni fiscal, la actitud de la UAQ podría encuadrar en delitos tipificados en la ley mexicana.

a. Engaño para obtener lucro ilícito (fraude)

El Código Penal Federal define el fraude como “el engaño o aprovechamiento del error” para obtener un beneficio ilícito. La UAQ recaudó millones prometiendo una vacuna que sabían no sería posible financiar y cuyas fases clínicas jamás se autorizaron. Esto coincide con el tipo penal: beneficio económico a través de engaño.

b. Uso indebido de fondos públicos

El artículo 217 del CPF sanciona a quien, “teniendo a su cargo fondos públicos, les dé a sabiendas una aplicación distinta a la destinada”. La UAQ utilizó presupuesto del erario para un proyecto que fue anunciado, promocionado y luego abandonado, sin rendir cuentas ni demostrar uso adecuado.

c. Concusión por exigir recursos indebidos

El delito de concusión se aplica cuando un servidor público exige dinero sabiendo que no es debido. En este caso, aunque la colecta fue ‘voluntaria’, se incitó moralmente a la ciudadanía a donar mediante discursos oficiales institucionales.

d. Simulación fiscal y omisión de comprobantes

La ley exige emisión de comprobante fiscal (CFDI) dentro de 24 horas de recibir un donativo. La UAQ omitió entregarlos sistemáticamente, lo cual podría configurarse como simulación fiscal o evasión.

e. Peculado y delito de servidor público

El CPF en su artículo 222 y siguientes define Peculado como distraer fondos públicos para fines propios. Si el dinero recaudado y público no se destinó al fin anunciado, hay indicios de esta figura.

f. Responsabilidad por autonomía no exime de la ley

La UAQ arguye autonomía para evitar auditorías, pero el principio de legalidad establece que nadie puede eludir la norma. Es decir: la autonomía no exime de responsabilidad penal o fiscal.

La UAQ pudo haber violado al menos seis normas penales y fiscales al:

I. Pedir dinero prometiendo una vacuna inviable.

II. Utilizar recursos sin comprobantes ni auditoría.

III. Promover la colecta institucionalmente.

¿Esto no es fraude disfrazado de investigación? ¿Esto no exige una investigación penal y fiscal? La ciudadanía ya no pone solo el dinero. También exige justicia. Y si la ley se aplica igual para todos, la UAQ debe responder.

Y las sanciones - vacuna fraude

6. ¿Y las sanciones? ¿Quién responde?

No basta con decir que el proyecto fracasó. Tampoco es suficiente decir que ‘se hizo lo que se pudo’. Cuando hay dinero público de por medio, debe haber responsables. Y cuando hay irregularidades, debe haber consecuencias. La ley no es opcional: es obligatoria para cualquier ente que maneje recursos del erario, incluso si es una universidad autónoma.

¿Puede ser sancionada la UAQ?

Sí. La autonomía universitaria no significa impunidad. El artículo 3º de la Constitución permite a las universidades autonomía de gestión académica y administrativa, pero no las exime del cumplimiento de leyes federales y estatales.

La UAQ, al recibir recursos del estado y federación, está obligada a:

  1. Justificar el uso del presupuesto (Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación).
  2. Transparentar donativos recibidos (SAT y Código Fiscal de la Federación).
  3. Rendir cuentas cuando hay fondos públicos involucrados (Ley General de Responsabilidades Administrativas).

¿Deben ser sancionados los funcionarios de la UAQ?

Sí. Las autoridades que estuvieron al frente del proyecto y la institución pueden ser sancionadas por:

  1. Omisión en la rendición de cuentas.
  2. Promoción de un proyecto sin viabilidad financiera.
  3. Incitación a la colecta pública sin mecanismos de fiscalización.
  4. Encubrimiento posterior de las irregularidades detectadas.

Fundamento legal:

  • Art. 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas: obliga a servidores públicos a actuar con integridad y rendición de cuentas.
  • Art. 217 del Código Penal Federal: sanciona el uso indebido de recursos públicos.
  • Art. 222 del CPF: define peculado como desvío o uso indebido de fondos.
  • Art. 3º de la Constitución: reconoce la autonomía universitaria, pero no la excluye de responsabilidades fiscales o penales.

Administración anterior vs. administración actual

Teresa García Gasca (exrectora): responsable directa de lanzar, promover y recaudar fondos para Quivax sin aval clínico ni comprobantes.

Silvia Amaya (rectora actual): responsable de no auditar, no denunciar y continuar con la narrativa sin rendir cuentas claras.

Ambas comparten responsabilidad: una por acción, otra por omisión.

La impunidad institucional no puede normalizarse. Si hay irregularidades financieras y fiscales, debe haber sanciones administrativas y penales. La UAQ no puede escudarse en su autonomía para evadir la ley. La ciudadanía tiene derecho a exigir consecuencias, porque el dinero que se perdió, era público.

¿Qué debemos concluir?

Lo que la Universidad Autónoma de Querétaro presentó como un hito científico terminó siendo una secuencia de omisiones, engaños y simulaciones. La vacuna Quivax no solo nunca se desarrolló, sino que dejó en evidencia los profundos problemas estructurales de una institución que ha aprendido a operar sin transparencia ni rendición de cuentas, escudándose en su autonomía.

La UAQ pidió dinero a la ciudadanía. Recaudó fondos sin emitir comprobantes. No presentó auditorías. Y cuando fue cuestionada, respondió con evasivas, victimismo institucional y homenajes internos. Lo que debería haber sido un proyecto de salud pública, se convirtió en un monumento al cinismo universitario.

Este artículo es el primero de una serie de 10 entregas que expondrán las irregularidades, negocios opacos y simulaciones que hoy hacen de la UAQ un barril sin fondo. Porque Querétaro no necesita más parásitos institucionales. Necesita universidades que rindan cuentas, produzcan conocimiento útil, y no se aprovechen del erario con discursos huecos de autonomía y honor.

Tenemos que aclarar que NO estamos contra la educación pública. Estamos contra la impunidad disfrazada de prestigio académico.

Y mientras ellos digan: “Educar en la verdad y en el honor”, nosotros preguntaremos: ¿Dónde quedó la verdad? ¿Dónde está el honor?

Sigue leyendo

Noticias

Conserjes con títulos universitarios: Profesionistas relegados en la UNAM

Publicado

el

en la UNAM

En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), un preocupante número de 1,205 profesionistas se encuentran atrapados en trabajos que no están acordes con su formación académica. A pesar de que la normativa universitaria garantiza su derecho a aspirar a promociones laborales acordes con sus estudios, se ven condenados a permanecer en plazas que no reflejan su preparación.

(más…)

Sigue leyendo

Noticias

Contaminación plástica: La lucha por salvar nuestros océanos y ríos

Publicado

el

Contaminación

Cada año, millones de toneladas de residuos plásticos contaminan los océanos y ríos de todo el mundo. La falta de reciclaje y la producción desmedida de plástico de un solo uso son los principales factores que contribuyen a esta crisis medioambiental. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advierte sobre la magnitud del problema y la necesidad de encontrar soluciones efectivas para revertir esta tendencia.

(más…)

Sigue leyendo

Lo más reciente