El gobierno encabezado por Felipe Calderón Hinojosa desvió más de 1,998 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Salud (Ssa) para destinarlos a medios de comunicación y consultorías, según revelan documentos de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitidos entre mayo de 2010 y noviembre de 2012.
Desde el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, las secretarías de la Función Pública y Hacienda investigaban presuntas contrataciones irregulares en el área de salud con medios de comunicación. Estas investigaciones señalaban constantemente a la Dirección General de Comunicación Social de la dependencia, y como resultado de este caso, Carlos Olmos Tomasini, exdirector de Comunicación Social de la Ssa durante ese periodo, se encuentra actualmente en prisión desde diciembre de 2022, acusado de corrupción en contrataciones de publicidad gubernamental, con una presunta responsabilidad en un desfalco de al menos 300 millones de pesos.
En este contexto, resulta llamativo que, en un expediente al que tuvo acceso Contralínea mediante la Ley General de Transparencia, se encontraron cinco acuerdos de asignación de fondos que revelan una relación multimillonaria entre la Secretaría de Salud y medios de comunicación afines al gobierno de Calderón.
Según estos documentos, los recursos públicos fueron solicitados a Hacienda mientras José Ángel Córdova Villalobos y Salomón Chertorivski Woldenberg encabezaban la Ssa. Estos fondos se destinaron a campañas publicitarias y se justificaron como recursos para atender contingencias o gastos urgentes de operación. Cabe mencionar que transferir dinero público de una partida presupuestaria a otra de manera discrecional constituye el delito de peculado, aunque esta práctica fue «legalizada» por el gobierno de Vicente Fox Quesada mediante normativas internas.
Aunque se establece que dichos recursos urgentes deben regularizarse mediante la expedición de una cuenta por liquidar certificada o la devolución de los fondos a la Tesorería de la Federación, en realidad se contabilizaban como sobreejercicios. Según el informe de la Auditoría Superior de la Federación, en el sexenio de Calderón, el dinero no se devolvía a la Hacienda Pública, sino que se contabilizaba como «adecuaciones al presupuesto», lo que implica que las dependencias gastaban más de lo asignado en el Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados. Esto sucedió en el caso de la Secretaría de Salud.
Los acuerdos de ministración de fondos revelados incluyen el pago de 350 millones de pesos para la implementación de estrategias de comunicación social y el fortalecimiento del Seguro Popular, así como otros montos destinados a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. En el año electoral de 2012, se autorizaron tres acuerdos más que sumaron cientos de millones de pesos y se destinaron a la Dirección de Comunicación Social para el pago de servicios de difusión de campañas sobre adicciones, control de enfermedades, igualdad de oportunidades e infraestructura hospitalaria.
Durante el sexenio de Felipe Calderón, el gasto en publicidad gubernamental en medios de comunicación alcanzó los 32 mil millones de pesos, y se detectaron irregularidades en el uso de este presupuesto no solo en la Secretaría de Salud, donde la Secretaría de la Función Pública documentó un sobregiro de 317 millones de pesos, sino también en las secretarías de Desarrollo Social y Turismo.
Además, se descubrió que en 2012, año de las elecciones presidenciales y con una veda electoral establecida de abril a julio, el gobierno de Calderón gastó 6,860 millones de pesos en publicidad en medios electrónicos e impresos. De esa cantidad, la Secretaría de Salud admitió haber ejercido 2,500 millones de pesos, es decir, el 36.44% del total.
Estos hallazgos arrojan luz sobre las prácticas de desvío de fondos y corrupción en el gobierno de Calderón. El caso del desvío de casi 2 mil millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Salud a medios de comunicación es una clara muestra de malversación de fondos públicos y abuso de poder. Asimismo, la implicación de altos funcionarios, como Carlos Olmos Tomasini, exdirector de Comunicación Social de la Ssa, y las menciones de Alejandra Sota y Maximiliano Cortázar, colaboradores cercanos del expresidente Calderón, plantean interrogantes sobre la responsabilidad y conocimiento de las autoridades superiores en estas prácticas ilegales.
La corrupción y el mal uso de recursos públicos son problemas graves que socavan la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales y afectan negativamente el desarrollo y bienestar de la sociedad. Es fundamental que se realicen investigaciones exhaustivas y se tomen medidas para prevenir y castigar estos actos de corrupción, garantizando la transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.
Este caso específico evidencia la importancia de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en el uso de los recursos públicos, así como promover una cultura de integridad y ética en el servicio público. Solo a través de una gestión transparente y responsable se podrá restablecer la confianza de la ciudadanía y garantizar un adecuado uso de los recursos para el beneficio de la sociedad en su conjunto.
Durante el gobierno de Felipe Calderón, se descubrieron sobreejercicios presupuestarios y acuerdos irregulares entre la Secretaría de Comunicación Social y medios de comunicación, lo cual llevó a investigaciones por parte de la Secretaría de la Función Pública. En una entrevista con Contralínea, Carlos Olmos Tomasini, quien era responsable de asignar la publicidad, afirmó que siempre recibía órdenes de la oficina de prensa de la Presidencia de Calderón.
Olmos Tomasini señaló abiertamente a Maximiliano Cortázar (2006-2010) y Alejandra Sota (2010-2012), quienes ocuparon cargos relevantes en Comunicación Social, de ordenar el uso de recursos públicos para pagar a los medios de comunicación. Según él, las instrucciones provenían directamente de la Presidencia de la República y eran enviadas a través de la Secretaría de Gobernación.
Las campañas publicitarias se decidían en la Presidencia por Cortázar o Sota, quienes luego instruían a Gobernación, la cual a su vez daba instrucciones a todas las áreas involucradas. Olmos Tomasini admitió que no existían registros documentales de esas órdenes, ya que eran transmitidas verbalmente. Afirmó que nadie en el área de comunicación tenía evidencia escrita o tarjetas que indicaran la orden proveniente de la Presidencia.
Las investigaciones de la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda se intensificaron después de que Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia y se recibieron presiones por parte de los medios de comunicación para que se les pagara por la publicidad contratada durante el sexenio anterior. En la Secretaría de Salud, hubo contratos pendientes de pago debido a la insuficiencia presupuestal, generando una deuda heredada por la administración actual.
Desde el inicio del gobierno de Peña Nieto, la Secretaría de Hacienda dejó claro que el dinero para esos contratos no fue autorizado ni por el Congreso ni por la secretaría correspondiente. A pesar de esto, Olmos Tomasini afirmó en 2013 que las campañas de salud siempre eran emergentes y no tenían presupuesto asignado. Explicó que se justificaba la necesidad de la campaña ante Hacienda y Gobernación, y luego se obtenía la autorización y el dinero para llevarla a cabo.
Durante el sexenio de Calderón, la publicidad gubernamental se utilizó de manera sesgada, premiando a los medios afines y castigando a los críticos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó la discriminación en los casos de las revistas Contralínea y Proceso, que fueron excluidas sistemáticamente de las asignaciones presupuestarias.
La complicidad entre el gobierno de Calderón y la prensa a través de acuerdos económicos quedó al descubierto en marzo de 2011, cuando numerosos medios de comunicación coordinaron sus criterios editoriales para dejar de informar sobre la violencia en el país. Esta colaboración ocurrió en un momento crítico de la crisis humanitaria causada por la «guerra» contra el narcotráfico, ordenada por Calderón, y contribuyó a violar el derecho humano a la información del pueblo mexicano y el derecho a la verdad de las víctimas. En ese momento, México se sumergía en una situación de violencia sin precedentes, mientras que los medios de comunicación, en complicidad con el gobierno, optaron por silenciar los hechos.
Este acuerdo entre el gobierno y los medios no solo afectó la objetividad y la imparcialidad en la cobertura de la violencia, sino que también generó un ambiente de impunidad. Además, se estableció una estrecha relación entre el gobierno y Genaro García Luna, quien ocupaba el cargo de Secretario de Seguridad Pública y que posteriormente fue detenido en Estados Unidos por su asociación con el crimen organizado.
Es importante resaltar que estas prácticas no solo tuvieron lugar durante el gobierno de Calderón, sino que se arrastraron desde administraciones anteriores. Los sobreejercicios presupuestarios, los acuerdos irregulares y la utilización de la publicidad gubernamental como herramienta de premio y castigo a los medios de comunicación críticos socavaron la libertad de expresión y debilitaron la confianza en las instituciones.
Estos hechos evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la asignación de recursos públicos, así como promover una relación sana y autónoma entre el gobierno y los medios de comunicación. La sociedad civil y los organismos de derechos humanos juegan un papel fundamental en la vigilancia y denuncia de estas prácticas, con el objetivo de garantizar un ejercicio periodístico libre, ético y responsable, y asegurar el derecho de la ciudadanía a estar informada de manera veraz y completa.
