El brazo jurídico y mediático del empresario Claudio X González Guajardo, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), ha experimentado un flujo constante de dinero a sus cuentas bancarias. Según documentos a los que Contralínea tuvo acceso, la organización informó ingresos por un total de 171 millones 962 mil 813 pesos durante la primera mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2019-2021). De esa cantidad, 48 millones 980 mil 418 pesos fueron donados por la Embajada de Estados Unidos en México, a pesar de que MCCI es conocida por su oposición abierta a la actual administración federal y de que las leyes mexicanas prohíben el intervencionismo extranjero en asuntos internos.

El resto de las donaciones, que ascienden a 122 millones 982 mil 395 pesos, proviene de empresarios adversarios de la llamada «cuarta transformación». Entre ellos se encuentran la trasnacional Kimberly Clark, cuyo presidente es Claudio X González Laporte (padre del presidente fundador de MCCI) y que renunció a su cargo en julio de 2020 para liderar la alianza «Va por México». También se incluyen la Fundación Maelva de Valentín Diez Morodo, la Fundación Kaluz de Antonio del Valle Perochena y el Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana de Alejandro Joaquín Martí García.

Aunque MCCI se registra como una asociación civil sin fines de lucro dedicada a la «investigación científica o tecnológica», en sus propios documentos se reconoce que se dedica al periodismo, investigación aplicada, litigio estratégico y movilización ciudadana. Aunque afirman que sus actividades «no benefician a ningún sector en particular», argumentan luchar por la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

Como organización civil, MCCI puede recibir donaciones deducibles de impuestos de personas físicas y morales, tanto de México como del extranjero. Claudio Xavier González Guajardo, junto con su hermano Esteban Patricio González Guajardo y otros asociados, fundaron la organización. Aunque Claudio X González Guajardo renunció a la presidencia de MCCI en julio de 2020, la organización ha continuado promoviendo una agenda política opuesta a López Obrador en colaboración con tres partidos políticos y el movimiento ciudadano.

El generoso presupuesto obtenido por MCCI de algunos de los empresarios más ricos del país y de la agencia estadounidense USAID le ha permitido orquestar estrategias legales y políticas. Durante este sexenio, sus llamados «litigios estratégicos», principalmente juicios de amparo, se han enfocado en obstaculizar las principales obras de la administración de López Obrador, como el Aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería Dos Bocas.

Además de financiar los litigios, las donaciones del gobierno estadounidense y de los empresarios también han respaldado campañas de desinformación en medios de comunicación afines a MCCI, con el objetivo de socavar la imagen y la credibilidad del gobierno de López Obrador. A través de la difusión de noticias falsas y narrativas distorsionadas, se ha buscado crear una percepción negativa en la opinión pública respecto a la gestión del presidente y su lucha contra la corrupción.

La estrategia de MCCI ha sido ampliamente criticada por diversos sectores, que consideran que la organización ha sobrepasado los límites de la labor periodística y se ha convertido en un actor político con intereses particulares. Se cuestiona la independencia y objetividad de sus investigaciones, así como su imparcialidad al seleccionar los casos de corrupción que denuncian.

Además de las críticas, MCCI ha enfrentado investigaciones y señalamientos por posibles conflictos de interés y falta de transparencia en el manejo de sus recursos. Algunos cuestionan la ética de recibir donaciones millonarias de empresarios que tienen intereses económicos y políticos contrarios al gobierno en turno. También se ha señalado la falta de claridad en el destino de esos recursos y en la rendición de cuentas sobre su uso.

El caso de MCCI refleja la compleja relación entre el poder económico, los medios de comunicación y la política en México. La capacidad de influencia y la capacidad de financiamiento de organizaciones como ésta plantean interrogantes sobre la democracia y la pluralidad de voces en el país. El hecho de que una organización con intereses particulares y alineada con ciertos sectores económicos pueda tener acceso a recursos financieros significativos y utilizarlos para promover su agenda política, plantea dudas sobre la equidad en la competencia política y la libertad de expresión.

Así pues, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha recibido importantes sumas de dinero de la Embajada de Estados Unidos en México y de empresarios opositores al gobierno de López Obrador. Estos recursos han sido utilizados para financiar litigios estratégicos, campañas de desinformación y promover una agenda política contraria a la actual administración. Sin embargo, estas acciones han generado polémica y cuestionamientos sobre la independencia, transparencia y ética de la organización, así como sobre la influencia del poder económico en el panorama político y mediático del país.