Las recientes declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador acusando al Poder Judicial de intentar dar un golpe de Estado técnico han desatado un intenso debate sobre la preservación del equilibrio de poderes en México. En este análisis, examinaremos las disposiciones constitucionales pertinentes y evaluaremos las posibilidades legales del Poder Judicial para derrocar al poder ejecutivo, así como su relación con el concepto de «lawfare».
Las bases constitucionales
La Constitución mexicana establece claramente los roles y límites de cada poder del Estado. El Poder Judicial tiene la responsabilidad de interpretar y aplicar la ley, asegurando la legalidad y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por su parte, el Poder Ejecutivo es el encargado de implementar políticas públicas y administrar el país.
La separación de poderes
La división de poderes es uno de los pilares fundamentales de la democracia en México. El artículo 49 de la Constitución establece que el ejercicio del poder se divide en tres: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Ninguno de estos poderes puede acumular las facultades de los otros dos, asegurando así un equilibrio y control mutuo.
La imposibilidad de un golpe de Estado
De acuerdo con la Constitución, cualquier cambio en el poder ejecutivo debe seguir un proceso legal y constitucional. El artículo 80 establece que el presidente solo puede ser destituido por traición a la patria, delitos graves del orden común o por infringir la Constitución. Estos casos deben ser resueltos por el Congreso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de un juicio político establecido en el artículo 110.
La autonomía del Poder Judicial
La Constitución también garantiza la autonomía del Poder Judicial. El artículo 94 establece que los jueces y magistrados son independientes en el ejercicio de sus funciones y solo están sujetos a la Constitución y las leyes. Esta autonomía asegura que el Poder Judicial pueda actuar de manera imparcial y sin interferencias políticas, protegiendo así su integridad y su función esencial en el sistema de justicia.
El «lawfare» como herramienta
El concepto de «lawfare» se ha utilizado para describir el uso indebido o manipulativo de los procesos legales con fines políticos. En este contexto, se plantea la pregunta de si el «lawfare» podría ser utilizado por el Poder Judicial como una herramienta para dar un golpe de Estado en México. Sin embargo, es importante destacar que el «lawfare» por sí solo no puede conducir a un golpe de Estado, ya que este último implica un cambio radical en la estructura de poder establecida por la Constitución.
El respeto a la Constitución y la estabilidad democrática
El respeto a la Constitución y la estabilidad democrática son fundamentales para mantener el Estado de derecho en México. Cualquier intento de golpe de Estado por parte del Poder Judicial, incluso si se utiliza el «lawfare» como estrategia, sería contrario a los principios constitucionales y a las normas democráticas.
El fortalecimiento institucional y el equilibrio de poderes son elementos esenciales para preservar la democracia y evitar la concentración de poder en una sola entidad. El Poder Judicial, al ser un órgano independiente encargado de velar por el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos fundamentales, desempeña un papel crucial en el sistema democrático.
Sin embargo, es importante mantener una perspectiva equilibrada al discutir el concepto de «lawfare». Si bien es cierto que existen casos en los que los procesos legales pueden ser utilizados de manera abusiva o selectiva con fines políticos, también es fundamental reconocer que el sistema judicial tiene mecanismos de control y rendición de cuentas para evitar dichos abusos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo tribunal del país, juega un papel fundamental en la interpretación y aplicación de la Constitución. Sus decisiones deben basarse en el respeto a la ley y los principios democráticos, evitando cualquier acción que pueda socavar la estabilidad institucional.
En última instancia, el funcionamiento adecuado del sistema democrático depende del respeto y la confianza en las instituciones establecidas. El Poder Judicial, como pilar fundamental del Estado de derecho, debe actuar de manera imparcial y garantizar la justicia para todos los ciudadanos, evitando cualquier involucramiento en acciones que pongan en riesgo la estabilidad democrática.
A la luz de las disposiciones constitucionales en México, es evidente que el Poder Judicial no tiene la facultad legal para dar un golpe de Estado y derrocar al poder ejecutivo. La Constitución establece claramente los límites y roles de cada poder del Estado, garantizando la separación de poderes y la autonomía del Poder Judicial. Si bien el «lawfare» puede ser una preocupación legítima en el ámbito político, es fundamental mantener el respeto a la Constitución y fortalecer las instituciones democráticas para preservar el Estado de derecho en México.
En un sistema democrático sólido, el equilibrio entre los poderes del Estado y el respeto a la Constitución son la mejor salvaguardia contra cualquier intento de golpe de Estado, ya sea a través del «lawfare» u otras estrategias políticas. La protección de las instituciones democráticas y la promoción del diálogo constructivo son el camino hacia una sociedad justa y equitativa.
