Economía

El Negocio de Gobernar Capítulo 1: ¿Cómo se hace rico un Regidor?

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Por: R. Darinosi

Este es el primer capítulo de la serie El Negocio de Gobernar, una investigación periodística que desnuda cómo los distintos cargos públicos en México —desde los niveles municipales hasta el Senado— han convertido el servicio público en un auténtico negocio personal.

Cada entrega abordará un eslabón distinto de la cadena política: regidores, diputados locales, diputados federales y senadores. Analizaremos de manera clara y didáctica los mecanismos por los cuales logran enriquecerse más allá de lo que sus sueldos oficiales podrían permitir.

Comenzamos por el regidor municipal, la figura política más cercana al ciudadano común. En teoría, un regidor representa a la comunidad en el cabildo, fiscaliza al presidente municipal y participa en la elaboración de reglamentos locales. En la práctica, sin embargo, su puesto se ha convertido en una de las puertas más fáciles de entrada al “negocio de gobernar”.

El sueldo es lo de menos

A primera vista, el ingreso oficial de un regidor no parece un escándalo. Dependiendo del municipio y del estado, un regidor puede ganar entre 35 mil y 80 mil pesos mensuales en dieta bruta, además de aguinaldos, compensaciones y apoyos diversos. Aunque es una cifra superior al promedio de un profesionista mexicano —el salario medio ronda los 12 a 15 mil pesos mensuales—, no debería dar para justificar autos de lujo, viajes al extranjero o propiedades en zonas residenciales que con frecuencia aparecen asociados a este nivel de servidor público.

Entonces, ¿cómo logran multiplicar ese ingreso?
La clave está en entender que el sueldo es apenas la punta del iceberg. En realidad, los regidores cuentan con varios mecanismos adicionales que, aunque legales en apariencia, se convierten en fuentes paralelas de riqueza:

  1. Compensaciones ocultas: además de la dieta, muchos ayuntamientos aprueban bonos extraordinarios, compensaciones por “trabajo de comisión” o gratificaciones de fin de año. Estos montos rara vez aparecen en la publicidad oficial.
  2. Asistentes y asesores “fantasma”: el regidor tiene derecho a cierto personal de apoyo. No es raro que se contraten amigos o familiares que no trabajan realmente, pero cobran puntualmente. El sueldo de esos asesores termina regresando al bolsillo del regidor.
  3. Bonos de fin de trienio: en algunos municipios, los cabildos aprueban para sí mismos pagos especiales al concluir la administración, disfrazados de liquidaciones, compensaciones o reconocimientos al “desempeño”.
  4. Prestaciones acumuladas: a la dieta se suman vales de despensa, apoyos de gasolina, telefonía, seguros médicos y de vida. Son privilegios que, sumados, representan decenas de miles de pesos adicionales al mes.

El resultado es claro: aunque la narrativa oficial es que un regidor gana “x” cantidad, en los hechos sus ingresos se inflan con pluses poco transparentes, generando una brecha enorme entre el salario que se declara y el estilo de vida que se ostenta.

En resumen, el sueldo de un regidor es lo de menos: lo realmente jugoso está en las prestaciones extra, los bonos ocultos y las nóminas infladas, que constituyen el primer peldaño en la escalera de enriquecimiento dentro de la política local.

La caja chica y los viáticos

Si el sueldo y las compensaciones ya inflan el ingreso de un regidor, la caja chica y los viáticos son la parte más flexible de su economía.

En teoría, la caja chica existe para cubrir gastos menores y urgentes: papelería, gasolina, comida para reuniones o apoyos de último minuto. El problema es que en la práctica se convierte en dinero líquido sin control real. Facturas inventadas, comprobantes inflados y compras que nunca ocurrieron son parte del menú. En algunos municipios, basta con presentar un ticket de restaurante para justificar cientos o miles de pesos gastados “en gestión ciudadana”.

Los viáticos funcionan igual. Cada salida oficial —un congreso de municipios, una visita a la capital del estado, una gira a otro municipio— se traduce en un pago adelantado para transporte, hospedaje y alimentación. Muchas veces el evento ni siquiera se cubre o se justifica con un simple oficio de comisión. Los montos no siempre regresan a la tesorería; se quedan en el bolsillo del regidor.

Casos típicos:

  • Gasolina duplicada: el regidor cobra vales de gasolina, pero además pide reembolso en efectivo por los mismos viajes.
  • Eventos fantasma: se presentan comprobantes de reuniones o foros que nunca se realizaron.
  • Excesos justificados: comidas en restaurantes caros registradas como “atención ciudadana”.

Lo delicado es que estos gastos menores, multiplicados cada semana, suman montos millonarios al final de un trienio. No aparecen en grandes contratos ni en auditorías profundas, pero representan un drenaje constante de recursos municipales.

En resumen: la caja chica y los viáticos son la alcancía invisible de los regidores. Ahí no hay grandes obras ni contratos, sino un goteo permanente de dinero público que termina subsidiando lujos personales.

Programas sociales, la moneda de cambio

Los regidores suelen tener injerencia en la gestión o distribución de programas sociales municipales, que en teoría están diseñados para apoyar a los sectores más vulnerables: despensas, becas, materiales de construcción, apoyos para vivienda o útiles escolares. Sin embargo, en la práctica estos programas se transforman en una moneda política y, en muchos casos, en un mecanismo de enriquecimiento personal.

  1. Padrones inflados o fantasma: se integran listas de beneficiarios con nombres repetidos, domicilios inexistentes o personas que nunca reciben nada. Los recursos asignados terminan desviándose hacia operadores políticos o directamente al bolsillo del regidor.
  2. Distribución selectiva: las despensas o becas se entregan solo a quienes apoyan al regidor o a su partido, condicionando la ayuda a favores políticos. En épocas electorales, los programas sociales se convierten en herramientas de compra de votos.
  3. Proveedores “amigos”: el regidor puede intervenir en la elección de empresas que surten despensas, materiales de construcción o paquetes escolares. Muchas veces estas empresas pertenecen a familiares o prestanombres, inflan los precios y entregan productos de baja calidad.
  4. Reciclaje de recursos: los apoyos que deberían ir a la gente se “reciclan”: una parte se reparte para la foto y otra se almacena para revenderse o usarse en campañas políticas.

El resultado es que los programas sociales, que deberían ser un canal directo de bienestar para la población, se convierten en un negocio paralelo: generan clientelas políticas, consolidan poder y, al mismo tiempo, dejan dinero en manos de quienes deberían garantizar su correcta aplicación.

Permisos y licencias a modo

El cabildo municipal —donde los regidores tienen voto— es la instancia que aprueba cambios de uso de suelo, giros comerciales y autorizaciones para construcción. Lo que en principio debería ser un trámite técnico y transparente se convierte en un mercado paralelo, donde cada permiso es una oportunidad de negocio.

  1. Uso de suelo y construcción: un terreno agrícola que se convierte en zona habitacional o comercial puede multiplicar su valor de la noche a la mañana. Los regidores, al autorizar ese cambio, reciben “agradecimientos” de los beneficiarios: desde dinero en efectivo hasta terrenos y departamentos como pago en especie.
  2. Licencias para giros negros: bares, antros, casinos o gasolineras requieren autorización municipal. Conseguir el voto de los regidores muchas veces implica “cuotas” ocultas. La permisividad en horarios, venta de alcohol o ubicación se traduce en ingresos constantes bajo la mesa.
  3. Permisos exprés: cuando un empresario necesita que un trámite avance rápido, la solución suele ser el “gestor” que conecta con regidores. A cambio de una suma fija, se aprueban proyectos en tiempo récord, saltando filtros ambientales, de seguridad o de impacto urbano.
  4. Negocio inmobiliario disfrazado: algunos regidores actúan como intermediarios entre constructoras y el cabildo. Influyen en la aprobación de fraccionamientos o desarrollos urbanos y, a cambio, reciben departamentos, locales o participación en la empresa constructora.

En este rubro, el regidor no solo recibe dinero, sino que accede a patrimonios sólidos: terrenos, inmuebles, participaciones en negocios que seguirán generando ganancias incluso cuando termine su cargo.

En pocas palabras: mientras los ciudadanos creen que el cabildo aprueba obras en beneficio de la ciudad, en realidad muchos regidores convierten cada licencia en una mina de oro personal.

El cabildeo local

Aunque muchas veces pasa desapercibido, el cabildeo es una de las fuentes más rentables para un regidor. En teoría, su papel es representar a la ciudadanía y deliberar en el cabildo sobre reglamentos y acuerdos. En la práctica, terminan funcionando como intermediarios entre particulares y el gobierno municipal.

  1. Los giros comerciales: bares, restaurantes, gasolineras o tianguis necesitan permisos especiales para operar. El regidor se convierte en “puente” para acelerar trámites, flexibilizar requisitos o incluso cerrar los ojos ante irregularidades. A cambio, recibe pagos regulares que se disfrazan de donaciones o “aportaciones voluntarias”.
  2. Concesiones municipales: desde la recolección de basura hasta el transporte público o las ferias locales, todo pasa por acuerdos del cabildo. Un voto a favor puede abrirle la puerta a un contratista, y ese voto no siempre es gratis.
  3. Negocios familiares: algunos regidores colocan a familiares o socios como proveedores del ayuntamiento. Así, cuando se aprueban compras o concesiones, terminan beneficiando a su propio círculo cercano.
  4. El regidor como gestor: empresarios locales saben que no es lo mismo enfrentar la burocracia solos que con un regidor de su lado. Por eso, pagan “honorarios” para que sea su abogado político: el que convence a otros regidores, presiona a funcionarios y logra que los proyectos se aprueben.

Este tipo de cabildeo es el que deja ganancias constantes y discretas. No aparecen en nóminas ni en contratos públicos, pero generan ingresos en efectivo, difíciles de rastrear. En la práctica, el regidor se convierte en un coyote con credencial oficial, que usa su voto y su influencia como mercancía.

Al terminar de revisar todos estos mecanismos —sueldo inflado, cajas chicas, programas sociales, licencias a modo y cabildeo— queda claro que ser regidor es mucho más que un cargo de representación ciudadana: es una oportunidad de negocio.

El problema no es solo que un regidor viva mejor de lo que gana oficialmente, sino que el sistema permite y hasta normaliza estas prácticas. Al final del trienio, muchos regidores logran salir con propiedades, vehículos y relaciones empresariales que nada tienen que ver con la función pública que juraron cumplir.

En la narrativa oficial, el regidor es un servidor cercano al pueblo; en la realidad, muchas veces es un cajero político con acceso directo al erario. Y este es apenas el primer escalón del negocio de gobernar: lo que en los municipios se hace con despensas, permisos y viáticos, en niveles más altos se multiplica en contratos, presupuestos y cabildeos nacionales.

El ciudadano vota por representación, pero recibe administración de intereses privados. Esa es la verdadera ganancia de un regidor.

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