El viernes el gobierno mexicano retiró temporalmente la concesión de un tramo ferroviario a una compañía propiedad de German Larrea, el segundo hombre más rico de México. El tramo de 120 kilómetros era necesario para concretar el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un muy esperado proyecto para desarrollar el sur del país.

La reacción entre las voces más conservadoras fue unánime. Se acusó al gobierno de expropiar, y de que, al hacerlo se convertía en un dictador autoritario parecido a Cuba y Venezuela.

La realidad es que la expropiación es un mecanismo utilizado con frecuencia por gobiernos democráticos de todo el mundo, incluyendo Europa y Estados Unidos. Por ejemplo, en 2019 se expropiaron terrenos para construir instalaciones aduaneras en Texas, en 2018 para un tren de alta velocidad en Inglaterra y desde 2020, en Barcelona, se expropian los pisos vacíos propiedad de la banca para convertirlos en alquiler social. Expropiar es una herramienta legal y regularmente utilizada para el desarrollo de infraestructura, la renovación urbana y hasta las políticas de vivienda.

La viralidad con la que la oposición mexicana rechazó la expropiación del tramo ferroviario fue sorprendente. Sobre todo, porque cuando fueron gobierno también expropiaron. Peña Nieto expropió 8 mil 600 metros cuadrados de terrenos para construir el Libramiento Ferroviario a Santa Fe. Fox expropió 27 de los 36 ingenios azucareros de México. Y hace unos meses Miguel Treviño, de San Pedro Garza García, aprobó una expropiación en Centrito Valle para un proyecto de regeneración peatonal. 

Por supuesto, podría haber expropiaciones maliciosas y perjudiciales que no tuvieran utilidad pública.

Sin embargo, la expropiación del tramo ferroviario para desarrollar el Corredor Interoceánico no es un ejemplo de ello. Por el contrario, todo parece indicar que es un ejemplo prototípico de una expropiación benéfica para la sociedad.

El Corredor interoceánico es quizá la obra más integral de desarrollo económico del sureste emprendida en décadas, un proyecto celebrado por grupos empresariales domésticos y extranjeros. La intención es detonar la capacidad productiva de la región con mejor infraestructura, capacidad logística, energética e incentivos fiscales.

El proyecto beneficia a la región más pobre de México. Su propósito es mejorar la distribución geográfica de la inversión, aprovechando que el sur tiene mano de obra más joven y más agua que el resto del país. Por supuesto que el camino no será fácil, ni de corto plazo, pero la apuesta es facilitar la creación de nuevos negocios y reducir la pobreza.

Por su parte, la empresa expropiada, Ferrosur, recibirá una indemnización a precio de mercado. Y nada indica que su dueño, German Larrea, deje de ser uno de los hombres más ricos del mundo en el corto plazo. Según Forbes, de 2020 a la fecha, la fortuna del mil-millonario creció en 149 por ciento.

Hay quien piensa que la expropiación per se ahuyentará la inversión. Como hemos visto, eso no siempre es el caso. Gobiernos desarrollistas como los tigres asiáticos las han usado con frecuencia para detonar el desarrollo. No toda expropiación es mala para la inversión. Por el contrario, irónicamente hay expropiaciones que tienen por resultado la atracción de más inversión porque la expropiación ayuda a erradicar restricciones que existían en la economía que hacían que la inversión no llegara. En el caso de México, una de las principales restricciones para que llegue la inversión al sur del país siempre ha sido la falta de infraestructura.

El mexicano promedio se beneficia más con el Corredor interoceánico, que con mantener el statu quo de desigualdad regional que caracteriza a México.

*Viridiana RíosColumna publicada por primera vez en milenio.com el 22/05/23