Allá por los años setenta la radio puso de moda una pegajosa tonada que decía algo así como “por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos…”, una chillante campaña que ponía el acento en la proverbial irresponsabilidad de los ciudadanos que es, ciertamente en muchos sentidos, una auténtica tragedia nacional. Por esas fechas también se popularizó el célebre eslogan lopezportillista, “la solución somos todos”, que de inmediato fue traducido para consumo masivo como “la corrupción somos todos”.
 
Por supuesto que de la dolorosa marcha del país todos somos partícipes pues efectivamente todos vamos en el mismo barco, sólo que debe acotarse que somos partícipes de manera diferenciada, pues sólo uno es el capitán, otros cuantos son los cocineros y los más son los pasajeros. ¡Cómo podría un ciudadano común aceptar que un jefe de Estado le diga que la dramática situación económica del país es bronca de todos y que su “solución” está en manos de todos!
  
Es inquietante que el Estado abdique de sus responsabilidades y tramposamente las intente endosar a “todos”. Sólo algunos tienen en sus manos las decisiones y la mayoría está ajena a los resortes que mueven las máquinas de la economía y de la política. Si todos caminaran por la vida sonrientes y satisfechos ante el poder de su firma o tuvieran la posibilidad de que alguien con poder decisión le tomara el teléfono para gestionar algún privilegio, entonces otros gallos cantarían en esta nación. Pero no, claramente son unos, y no “todos”, los que tienen las responsabilidades.
  
En eso pensaba cuando leía algunas noticias difundidas durante la segunda mitad de junio. ¿En qué medida el Estado ha abdicado de sus responsabilidades? ¿En qué medida el Estado mantiene, detrás del discurso de la recuperación económica, prácticas perniciosas y extraordinariamente lesivas para la mayoría de los habitantes de este país? Y pongo el acento en el Estado porque de todos los actores que intervienen en el diseño y ejecución de tales prácticas, los personeros del Estado están directa y legalmente obligados a la rendición de cuentas y, de ser el caso, expuestos a la sanción electoral. Todavía no se han creado las pinzas para someter a los poderes de facto, que operan lejos de las miradas profanas y sólo son visibles bajo la luz negra.
  
¿De qué manera y a lo largo de cuánto tiempo llegamos a convertir a México en un “paraíso fiscal”? Por supuesto que no se llegó a este punto por generación espontánea ni por una decisión tomada antier. Hay detrás de ello una larga cadena de decisiones deliberadas, decisiones económicas y decisiones políticas que no tomó el Espíritu Santo, que tomó alguien con capacidad para hacerlo. Delante del mundo, cuando ya es una verdad inocultable, eso vino a advertirnos la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena.
  
“De facto, México es un paraíso fiscal”, así lo dijo, sin retórica ni barroquerías. Y, explicó, “cuando digo que hay un paraíso fiscal de facto es porque México es un país que tributa muy poco”, muy por debajo de la media regional. Hay mucha evasión fiscal y gran cantidad de exenciones fiscales, precisó al tiempo que urgió a revisar las “vulnerabilidades estructurales” mediante un pacto de altísimo nivel que corrija este delicado rubro.
  
Por otro lado, ¿de qué manera y a lo largo de cuánto tiempo llegamos al punto en que haya tenido que reconocerse en Estados Unidos que en ese país importantes bancos han lucrado durante muchos años con el lavado de fondos provenientes del narcotráfico y cuando son pescados sólo pagan ínfimas multas por el pecado? En el marco de un proceso judicial se reveló que firmas como Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, American Express y Western Unión están involucradas en gigantescas operaciones financieras provenientes… del narco mexicano, que la hipocresía de algunos se niega a que el Estado lo reconozca como un sector más de la economía, sujeto a obligaciones regulatorias.
  
Y ha quedado acreditado en aquella nación que en la red de blanqueo están implicadas casas de cambio mexicanas, algunas de las cuales son, por supuesto, fantasmas. “Se calcula que casi 30 mil millones de dólares en efectivo se mueven de un lado a otro de la frontera mexicana con Estados Unidos, y una parte de estos recursos se deposita en bancos de ambos países y bancos internacionales, desde donde los fondos pueden ser trasladados por todo el sistema financiero internacional”, se ha advertido. 
  
De la misma forma que los dos botones de muestra precedentes, habremos de preguntarnos de qué manera y a lo largo de cuánto tiempo llegamos al punto en que se convirtió en práctica ordinaria “transferir” recursos del Estado a manos privadas (a unas cuantas manos privadas, vale aclararlo) sin que haya consecuencia alguna. No nos referiremos a la historia de este vaciamiento que de manera masiva ha ocurrido desde 1982; apenas aludiremos a una pequeña estampita ocurrida en los meses que corren. Mientras los porristas televisivos agitaban las emociones patrioteras de nuestro siempre derrotado futbol, en las sombras seguíamos pasando impunemente del México del “no se puede” al México del “ya valió”.

En un sui generis proceso de licitación, que entre otras cosas permitió la creación de una entidad ficticia que no era sino una coalición de intereses de poderosas empresas de las telecomunicaciones, se despachó un servicio por el que el Estado recibirá apenas el 16.5 por ciento de su valor. Un especialista del Instituto Autónomo de México (ITAM) advirtió que por “el par de hilos de fibra oscura” de la Comisión Federal de Electricidad que usufructuarán Televisa, Telefónica y Megacable mediante la  ampliación de sus negocios de telefonía móvil, internet y banda ancha, el Estado recibirá 180 millones de pesos cuando tales emporios debieron cubrir un costo de mil 93 millones de pesos.
  
Por una operación análoga en el vecino país del norte, una empresa pagaría el equivalente a 30 centavos de dólar por Mhz por habitante; en México estaría pagando el equivalente a 0.004 centavos de dólar. La licitación ha sido cuestionada por los competidores y constituye una compleja maniobra de vaciamiento de la riqueza pública, que debería beneficiar a los mexicanos en general, y que se ha traducido en más privilegios para los privilegiados de siempre. Y es que otro análisis del mismo ITAM ha advertido que las reglas para la licitación del espectro es una auténtica “incubadora de prácticas anticompetitivas”. Un análisis más reveló que ese proceso de licitación estuvo deliberadamente diseñado para favorecer a esos poderosos consorcios, por supuesto, en detrimento del Estado. Esto es, en detrimento de la población, que siempre ha sido la perdedora final.
  
Al tiempo que esto ocurre, reportes internacionales han revelado que en plena recesión económica la riqueza de la capa minoritaria de multimillonarios del mundo no sólo no se ha visto afectada, sino que se ha incrementado. Cuando millones perdían el empleo, cuando millones bajaban estrepitosamente los escalones del bienestar, tenemos que frente a sus acumulados en 2008, la riqueza de esos multimillonarios aumentó el año siguiente nada menos que 18.9 por ciento. Y si particularizamos con nuestros potentados regionales, estos angelitos de América Latina vieron crecer su riqueza en 15 por ciento.
  
Y mientras los ganadores de siempre siguen apostando y ganando y ganando y ganando, cerremos nuestro comentario con la advertencia de dos mexicanos que perteneciendo a la élite mexicana alertan sobre los riesgos de no detener esta dinámica, pues pareciera que los favorecidos no están valorando las consecuencias de que los perdedores de siempre sigan perdiendo de manera inmisericorde. Diego Valadés, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ha evidenciado una de las “vulnerabilidades estructurales” en México: si los poderosos no pagan impuestos se debe, sencillamente, a que las leyes tributarias están diseñadas… ¡para que no paguen impuestos!
  
Así las cosas, mientras no sea erradicado el dogma popular de que estas cosas ocurren en México porque “México está habitado por mexicanos”, y nos mantengamos alejados de la comprensión del funcionamiento de las máquinas del orden económico y político, la tendencia seguirá irremediablemente en una ruta de frustración y derrota. Y, como ha advertido un ex secretario de Hacienda, el queretano David Ibarra Muñoz, sólo nos queda una cosa: esperar a ver cómo nos lleva la tristeza, no a todos por supuesto, pero sí a casi todos.
  
No ha sido el Espíritu Santo, no han sido las fuerzas del mal, no han sido los incontrolables vientos del extranjero, nada de eso. Hay responsables formales y sus nombres los conocemos. En términos muy conceptuales, pero de no difícil traducción, oigámoslo en sus propias palabras: “La manera ortodoxa en que los gobiernos mexicanos han adoptado los paradigmas económicos internacionales han propiciado menor crecimiento, paralizado el proceso de industrialización y marginado a casi 50 por ciento de la población, lo que provocó un serio debilitamiento de la cohesión social y del avance democrático”.

Punto.